miércoles, 17 de marzo de 2010

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal


Con la firma de legisladores de un amplio y plural arco político, del oficialismo y la oposición, se presentó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa consagra “el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. Y más allá de ese plazo en casos de violación, malformaciones fetales graves y si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer (ver aparte). “Significa avanzar por el derecho a decidir, un derecho personalísimo de las mujeres”, puntualizó el socialista Miguel Barrios. “Este es un tema de absoluta necesidad y urgencia”, sostuvo Cecilia Merchán, en representación del interbloque del Proyecto Sur. “Es una asignatura pendiente que tiene la sociedad”, destacó la diputada kirchnerista Adela Segarra. Más de una veintena de diputadas y diputados de los bloques del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, GEN, la UCR, el Peronismo Federal, Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Libres del Sur, SI y Proyecto Progresista se comprometieron en una conferencia de prensa a impulsar el tratamiento en comisiones para llevar el debate del tema este año al recinto.
Tenemos que exigir el debate en la comisión cabecera. Es una responsabilidad de todos, impulsarlo”, consideró Nélida Belous, del bloque unipersonal Proyecto Progresista, de Tierra del Fuego.

El proyecto es el resultado de una “construcción colectiva”, destacó Estela Díaz, de la Campaña por el Derecho al Aborto. Fue consensuado entre 250 organizaciones, en un proceso de discusión que llevó dos años y con la consulta de especialistas de distintos campos. Ayer confirmó la iniciativa el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, y la profesora consulta de la Facultad de Derecho Nelly Minyersky.

Para evitar interpretaciones restrictivas y arbitrarias, como ocurre con la regulación de los abortos no punibles, el proyecto está escrito en un lenguaje muy claro. Sus puntos principales son:

- Consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional.

- Y fuera de ese plazo si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un serivicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves.

- La práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.

- Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.

- Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, “se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales”.

- Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio se pedirá el consentimiento informado de su representante legal.

- No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso.

- La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con excepción de los casos en que la práctica se realice sin el consentimiento de la mujer.

Fuente: Pagina12 17/3/09

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